En España se han introducido más de 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 de HFC –gases refrigerantes que se utilizan en sistemas de refrigeración y en los aires acondicionados de la industria de la automoción, hospitales o supermercados, entre otros– de manera ilegal durante el año 2018 y 2019. Una cifra que sitúa al país como el mayor importador de gases refrigerantes ilegales en Europa.
Estas son algunas de las cifras que revela Diego García, director general de Kimikal -en representación de AEFYT, la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías-, en el webinar celebrado ayer, organizado por el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC, por sus siglas en inglés) y AEFYT, y dirigido a la industria de la refrigeración y climatización.
Dado el alto Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de los gases refrigerantes HFC, en el año 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, cuyo fin es combatir el cambio climático con la eliminación paulatina de los HFC. El objetivo a nivel europeo es reducir el 79% de su consumo en 2030, respecto a los niveles de 2009-2012. Asimismo, la regulación nace con el fin de estimular el desarrollo de soluciones alternativas y garantizar una competencia justa entre los sectores clave de la economía. Esto ha significado para la industria la reducción gradual de importaciones de gases HFC de efecto invernadero a través de un sistema de cuotas -que aplica a todos los puntos de acceso a la UE, con el objetivo de controlar la entrada de los gases fluorados en el mercado europeo-. Sin embargo, es en este contexto donde surge el mercado negro de HFC que pretende sortear esta regulación.
En España, la entrada en vigor de la F-Gas vino acompañada de un impuesto sobre los Gases Fluorados que entró en vigor el año anterior, en 2014, y que ha supuesto un agravante añadido para el comercio ilegal en el país. Tal y como explica en el webinar Diego García, director general de Kimikal y miembro de AEFYT, “lo cierto es que, en España, desde la entrada en vigor del impuesto de Gases Fluorados y el reglamento F-Gas, no hemos percibido el impacto positivo de la reducción de las importaciones que exige esta normativa mediante el uso de cuotas. En cambio, sí hemos observado la irrupción de una sospechosa oferta masiva de productos con precios reducidos procedentes de otros distribuidores”.
La falta de control, las bajas sanciones y las discrepancias entre los estados miembros con respecto a las multas a imponer han facilitado el incumplimiento de la regulación y la evasión de impuestos por parte de organizaciones criminales, introduciendo HFC sin cuota en Europa. De hecho, “en España se estima que la Agencia Tributaria ha dejado de recaudar alrededor de 50 millones de euros, al evadirse el impuesto sobre los Gases Fluorados”, añade García.
Todo ello, ha dado lugar al origen de un mercado negro con un tamaño muy significativo a nivel europeo. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la consultora Oxera y el análisis de los hallazgos por parte del EFCTC, el comercio ilegal de este tipo de gases podría representar hasta 34 millones de toneladas equivalentes de CO2, esto es, alrededor del 33% del mercado legal permitido, en la Unión Europea, en 2018. Ello equivaldría a incorporar 25 millones de nuevos coches en las carreteras europeas – más del número total de coches en uso en España en 2018 –.
Es previsible que el tamaño de este mercado negro pueda aumentar con la nueva reducción de cuotas en 2021 si no se toman medidas para frenarlo. Y esto tendría el consecuente impacto en los objetivos medioambientales de la UE. Tal y como explica Murli Sukhwani, director general para EMEA FluoroChemicals de Chemours y presidente de datos del EFCTC, “la cuota total de HFC se reducirá nuevamente en 2021 con el objetivo de facilitar la transición a refrigerantes de bajo PCA, pero esto podría causar la escasez de gases HFC y, en consecuencia, el incremento de importación y comercio de gases ilegales”. El comercio ilegal de HFC también impacta económicamente en las compañías de toda la cadena de valor y financia el crimen organizado, por lo que tal aumento “podría afectar a todo el mercado, incluidas las pequeñas y medianas empresas, que a causa del mercado negro de HFC han perdido ya alrededor del 80% de su negocio”, señala Sukhwani.
La cooperación de toda la cadena de valor, necesaria para detener el comercio ilegal
Ante la evidencia de esta problemática, el EFCTC y AEFYT insisten en concienciar a todos los actores de la industria y colaborar con las autoridades para erradicar el mercado negro de HFC. En esta misma línea, el EFCTC ha instado a la industria a contribuir a través de la firma de su compromiso a la lucha contra el comercio ilegal de HFC, a la que ya se han unido más de 270 organizaciones y personas individuales en toda Europa. Además, el EFCTC invierte en investigaciones sobre la problemática y hace un llamamiento a que todos los implicados en el sector denuncien cualquier actividad sospechosa que hayan detectado a través de un canal de denuncias anónimo, gestionado por una entidad independiente.
AEFYT, por su parte, fundó en 2010 el Observatorio de Medio Ambiente, cuya función es supervisar una transición correcta de los refrigerantes HCFC -prohibidos en Europa- a HFC, canalizar las informaciones recibidas y colaborar con la Administración para hacer cumplir las diferentes Normativas y Reglamentos que afectan al sector de la Refrigeración. Además, traslada las denuncias recibidas sobre actividades sospechosas a las autoridades, con las que trabaja estrechamente, ofreciendo formación al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y al Servicio de Vigilancia Aduanera.
